Burgos, 15 de marzo 2018. El Colegio de Médicos de Burgos se suma hoy, 15 de marzo, Día contra las Agresiones a Sanitarios, a una campaña nacional que busca que las agresiones a profesionales de la Sanidad sean considerada un delito de atentado. Lo hace después de que se haya implantado en la provincia de Burgos la figura del Interlocutor Policial Sanitario para que “ninguna agresión quede sin denunciar” y con el ánimo de que la profesión médica recupere el respeto perdido en los últimos años.
En este último año, los datos registrados revelan un moderado crecimiento de estas conductas violentas en el ámbito sanitario (354, 344, 361, 495 y 515 agresiones en 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017), lo que supone que la tendencia ascendente se mantiene por tercer año consecutivo. Estos son los datos reales de los episodios recogidos por las corporaciones colegiales, convirtiéndose en la punta del iceberg de la realidad de un problema que va más allá.
En este sentido, la OMC considera positivo que este tipo de conductas violentas se comuniquen, aunque lamenta que, en muchos casos, tienen relación con situaciones que se vienen denunciando como la masificación de las urgencias, la falta de equidad en la atención sanitaria, el aumento de las listas de espera o la precariedad laboral de los profesionales.
Lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, injurias y/o vejaciones centran la mayor parte de las 3.429 agresiones que han sufrido los médicos en el ejercicio de su profesión en toda España en los siete últimos años, según los datos del Observatorio. De los casos de violencia que se contabilizaron, el 12% de ellos acabó con lesiones, el 31% fueron insultos y el 57% amenazas. Estos episodios cercenan la confianza médico-paciente, incrementan el estrés laboral del médico y es una agresión tan grave como la física.
La OMC, junto con los 52 Colegios de Médicos de toda España, puso en marcha este Observatorio a raíz de la muerte, en 2009, de la Dra. María Eugenia Moreno, una residente de 34 años que fue asesinada por un paciente cuando se encontraba trabajando en el centro de salud de Moratalla (Murcia).
La concienciación a los profesionales que trabajan en el entorno de los servicios de salud, la cooperación con las Administraciones públicas -Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, Fiscal General del Estado, Fiscalías y Cuerpos de Seguridad del Estado – y la sensibilización de la sociedad en general ante este grave problema, ha sido de gran ayuda para abordar esta lacra que requiere de la unidad de todos.
El Interlocutor Policial Sanitario
Ante la entidad del problema, el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad ha puesto en marcha la Instrucción 3/2017, que recoge la figura del Interlocutor Policial Sanitario. Una nueva respuesta policial, integral y transversal para esta lacra, que está constituida por una actuación coordinada y la adopción de medidas que refuerzan las ya existentes en un marco de actuación más amplio.
El objetivo es potenciar las acciones necesarias tendentes a la profundización en el conocimiento de la problemática delictiva existente en torno a los centros médicos y a los profesionales de la salud, ubicados en sus respectivas demarcaciones, para adoptar las medidas precisas, entre ellas la prevención y la formación, para incrementar la seguridad y reducir las agresiones.
Por comunidades autónomas, las que han registrado un mayor número de agresiones denunciadas en los colegios han sido Andalucía (122), Cataluña (98) y Madrid (84), aunque la incidencia mayor por mil colegiados se ha producido en Extremadura, Cantabria y Andalucía.
Del estudio, se desprende un porcentaje mayor de agresiones a mujeres según sexo: el 52% de los profesionales agredidos son mujeres (lo que supone un 6% menos que año pasado) y el 48% hombres. En cuanto al ámbito sanitario de ejercicio, sigue siendo el público donde se producen la gran mayoría de este tipo de conductas violentas, con un 87% de los casos, mientras que en el sector privado se han producido el 13%, manteniéndose las cifras del año pasado en este apartado.
Y, sobre el ámbito donde se produce la agresión, sigue siendo la Atención Primaria la que se lleva la mayor parte (53%), frente a la Hospitalaria (21%); las urgencias hospitalarias y de Atención Primaria tienen un porcentaje de un 10% y un 16% cada una de ellas. Sin embargo, si se tiene en cuenta el número de consultas realizadas al año, el área donde son más frecuentes las agresiones es en Urgencias de Atención Primaria, alcanzando las 2,46 agresiones por cada millón de consultas.
De los agresores, el 59% son pacientes (el 27% son pacientes programados, el 28% pacientes no programados, el 4% pacientes desplazados) y el 41% acompañantes.
En cuanto a las causas principales de las agresiones, el 40% se producen por discrepancias en la atención médica; el 10% por el tiempo en ser atendido; el 12% por no recetar lo propuesto por el paciente; el 15% por discrepancias personales; el 10% por informes no acordes a sus exigencias; el 6% en relación a la incapacidad laboral; el 7% por el mal funcionamiento del centro; y el 15% por otras causas.
Burgos y su protocolo
El Colegio de Médicos de Burgos, en continua coordinación con la Subdelegación del Gobierno de Burgos y los Cuerpos y Fuerzas del Estado presentó hace un mes el protocolo de actuación para reducir las agresiones a sanitarios. En este sentido, el presidente del Combu, Joaquín Fernández de Valderrama reconoció que “el 45 por ciento de los médicos sufren algún tipo de agresión a lo largo de su vida profesional”, por lo que cree que este protocolo ayudará a los profesionales a dotarse de medios para que “las agresiones no pasen como si nada”.
En aras a mejorar la seguridad de los médicos de Burgos, la Subdelegación del Gobierno y el Colegio de Médicos de Burgos han impulsado un protocolo que busca que, ante cualquier episodio de agresión, el médico sepa cómo actuar y a quién debe dirigirse para preservar su integridad y sus derechos.